El tribunal dejó firme una sentencia contra la dirigente social por haber liderado una banda delictiva, defraudado al Estado y extorsionado a cooperativistas.
La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy, por unanimidad, la condena a 13 años de prisión de la dirigente social Milagro Sala, por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión.
La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora ella estaba presa, pero con prisión preventiva. Pese al fallo de la Corte, es probable que la dirigente, líder de la organización Tupac Amaru, cumpla la condena en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.
El fallo de la Corte lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La sentencia que confirmaron fue dictada en la causa que se conoce como Pibes Villeros, donde se investigaron desvíos de millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas. La condena a 13 años de prisión fue dictada en enero del 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Jujuy, que juzgó a Sala junto a otros 29 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, incluida Mirta Guerrero, conocida como “Shakira”, condenada a seis años de cárcel.
En el caso de Sala, la justicia jujeña consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Tupac Amaru, organización que recibió fondos millonarios del Estado durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas; entre ellos, a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo y Julia del Carmen Gutiérrez; y de haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo firmado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. El acuerdo (ACU 487/2015) tenía por objeto financiar mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro, en el marco del programa nacional “Mejor Vivir II”. El fraude, sostuvo el tribunal jujeño, se cometió con los pagos para la ejecución de 14 convenios firmados entre la IVUJ jujeña y distintas cooperativas de trabajo; también, de un convenio entre una cooperativa y el municipio de Palpalá.