Desde hace varias semanas, 33 empleados del municipio de Pampichuela, ubicado en  el departamento Valle Grande en Jujuy, vienen padeciendo el maltrato del comisionado, Daniel Miguel Soruco. Desde diciembre estas personas no pueden cobrar sus haberes.

Las denuncias de discriminación y persecución política no tardaron en llegar y recayeron directamente en Soruco, a quien señalan como el instigador. En este marco, las personas afectadas decidieron instalarse en las afueras de la sede municipal, en asamblea y protesta por tiempo indefinido. Desde el 16 de mayo hasta hoy, los 33 empleados afectados por las maniobras de Soruco se encuentran acampando noche y día, soportando el frío y las bajas temperaturas.

La consigna de los protestantes fue clara e inamovible. Decidieron permanecer en el lugar “hasta obtener una respuesta favorable” a sus demandas. Los empleados le recriminan a Soruco que hizo promesas de solución que hasta el momento no cumplió.

Es necesario recordar que Soruco asumió el control de la comisión municipal de Pampichuela en diciembre del 2021 bajo una serie de irregularidades. Desde el primer momento, no hizo más que llevar adelante numerosos destratos  hacia los empleados municipales. Descuentos en los aguinaldos, malversación de fondos públicos, quita de planes y programas que se encontraban en pleno funcionamiento y beneficiaban a gran parte de la población, sin ningún tipo de justificativo.

Hizo lo mismo con las becas y bolsones. Dejó caer el funcionamiento de la huerta comunitaria, principal sustento de los adultos mayores de Pampichuela, restringió el alquiler del tractor municipal para las familias de la zona. Todo este listado de acciones persecutorias que complicaron el buen funcionamiento de la localidad, Soruco fue denunciado penalmente. Además,  la vocal Sonia Tolaba pidió juicio político para el comusionado.

“El comisionado, desde el día que asumió, se presentó solo tres veces en el despacho municipal y cuando viene lo hace con amenazas a los trabajadores, asimismo varias amenazas fueron realizadas por parte de su vocal Zalazar Dalmira”, dice una de las vecinas que ve, con mucho dolor, cómo su pueblo es empujado al olvido por quien debía velar por los intereses de la comunidad.

En los últimos días, los vecinos de San Lucas y Santa Bárbara se sumaron a las denuncias de la comunidad de Pampichuela y contaron que están totalmente abandonados y atraviesan la misma situación en cuanto a loshaberes mal liquidados desde diciembre hasta la fecha. En tanto, otros agentes fueron desvinculados de planta. Es así que decidieron movilizarse a pie y a caballo para acompañar las medidas de fuerza. Los vecinos del pueblo exigen que Daniel Miguel Soruco renuncie a su cargo.

El 7 de mayo los trabajadores deberían haber cobrado los salarios de abril, algo que no solo no ocurrió sino que además afectó al 50% de los trabajadores municipales. Los empleados que sí cobraron y acompañan la huelga, denunciaron amenazas de descuento en sus haberes, en una clara maniobra que intenta dividir al movimiento obrero, atentando además contra el derecho a manifestarse pacíficamente.

Gran parte de los afectados por las medidas autoritarias de Soruco son jóvenes que habían sido incorporados recientemente en el municipio. Como si todo lo mencionado anteriormente no fuera suficientemente grave, los empleados contaron que tienen sus haberes sin llegar a la totalidad que corresponde, siendo que falsificaron los recibos de sueldos. Claro que esta situación ya fue denunciada ante la Justicia.

Miguel Virazate, es uno  de los tantos empleados víctima de Daniel Miguel Soruco, tiene 27 años de servicio en el municipio y denunció que desde diciembre le vienen “pagando mal el aguinaldo, los sueldos y el bono. Todos los meses he cobrado mal”, lamentó. Otro que se encuentra en la misma situación es su hermano David, con 29 años de servicio en el municipio. Para colmo de males, David le da batalla a un cáncer y se supo que él también viene cobrando mal desde el comienzo de la gestión de Soruco.

Dicen que Daniel Miguel Soruco está al tanto de la situación de David, le dijo a sus familiares que su caso ya estaba resuelto, algo que los propios familiares de David desmintieron categóricamente, ya que los haberes siguen sin percibirse, lo que provoca severas dificultades para cumplir los tratamientos de su enfermedad que los mantienen con vida.

Fue su propio hermano Miguel quien contó que en una reunión personal con Soruco, el comisionado municipal le reconoció que no le interesan las necesidades del pueblo, solo quiere cumplir su mandato y retirarse. Ante esto, los vecinos de Pampichuela exigen su inmediata renuncia, dándole así lugar a otra persona que tenga las competencias para cumplir su cargo.

Al no obtener respuestas por parte de la Justicia y mientras el tiempo corre y las soluciones no llegan, los vecinos advierten que, si el comisionado sostiene sus amenazas y las cumple en detrimento de jóvenes de planta, se verán obligados a abandonar el pueblo. En consecuencia los servicios se resentirían y la escuela quedaría sin estudiantes, ya que son sus hijos los que allí estudian.

Mientras la Justicia no marque presencia en Pampichuela y resuelva las denuncias realizadas penalmente, el paro no se levantará. A su vez, de continuar la persecución política que está llevando adelante el comisionado Daniel Miguel Soruco, se exigirá por el medio que resulte válido que la provincia tome intervención y responda a las demandas de trabajadoras y trabajadores. Antonia Guerrero, Antonio Salas, Romina Salas, Aldo Pereyra, Marcos Leaños, Joaquín Ceballos, Dardo Gerardo Salas, Carina Emilce Mamaní, Judith Cortés, Lucio Guitián, Luis Arias, Faustino Tolaba, Lucía Jacinta Arias, Gabriela Arias, Mariano Tejerina, Luis Tejerina, Isabel Pereyra, Carolina Pereyra, Adrián Álvarez, Julio Ortuño, Raúl Pereyra, Joel Goyochea, Leonel Flores, Eliana Arias, Miguel Vinazate y Tatiana Arias.